Del Rio News Herald

Nadie está tratando de evitar que las personas puedan vivir en las orillas del Rio Grande, pero los oficiales adviertieron el martes que esto significa un riesgo.

“Nosotros no estamos tratando de decirles que no pueden vivir en Vega Verde, nosotros solo les estamos informando sobre los riesgos,” dijo la noche del martes Brad Sargent, oficial de la Comisión Internacional de Límites y Aguas de Estados Unidos (United States International Boundary and Water Commission - IBWC) a un numroso grupo de personas presentes en la sesión.

Se ha estimado que alrededor de 200 personas residen a la orilla del Rio Grande, en una área llamada Vega Verde, conocida y amada por los residentes por su amplia vista del río.

Muchos de esos residentes se vieron afectados por la crecida del caudal del río ocurrida en septiembre del año pasado cuando IBWC abrió las compuertas de la Presa Amistad para desfogar agua.

“Pudieron haberse inundado, pero si no hubieramos desfogado agua de la presa de forma programada, la inundación hubiera sido mucho peor,” dijo Steve Niemeyer, representante de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas Texas Commission of Environmental Quality, cuya agencia controla el desfogue de agua hasta que la reserva alcanza su nivel de conservación de agua de 1,117 pies, en cuyo punto el control del desfogue de agua pasa a ser responsabilidad de IBWC.

Los oficiales señalaron que aunque la inundación del año pasado fue mala, fue a pequeña escala comparado a lo que pudo ocurrir.

La inundación de septiembre 2008 ocurrió cuando se desfogaron de la presa 500 metros cúbicos de agua por segundo. De acuerdo a una gráfica mostrada el martes, eso fue lo más bajo que puede desfogarse de la presa en situaciones de emergencia.

“La inundación del año pasado, en el gran esquema de las cosas, no fueron tan malas,” dijo Werner Graham, quién trabaja para IBWC en la Presa Amistad.

Muchos residentes, sin embargo, dicen que están totalmente conscientes de los problemas de la inundación y los riesgos que implica vivir donde ellos viven.

La razón para estar presentes en la sesión del martes fue conocer que porqué las leyes nunca antes aplicadas en el área, se quieren ahora hacer cumplir con todo su rigor.

Cuando los oficiales explicaron que una ley estatal de 1995 prohibe a las personas que viven dentro de cinco millas de la frontera vender un terreno sin agua potable y drenaje, la discusión se tornó candente.

“El estado y el condado nos ha ignorado a nosotros por 38 años como un grupo de personas, que es el tiempo que hemos vivido aquí,” gritó Etta Wickliff. “Y nunca nadie nos habló sobre estas leyes hasta esta noche.”

Cuando Roger Cerny, oficial de salubridad del condado y oficial de manejo de riesgo explicó que la responsabilidad de alertar a los compradores sobre la ley recae en el vendedor, algunos miembros de la audiencia se pusieron de pie para responder.

“Yo compre mi propiedad en 1997 en una subasta del condado,” dijo David Rosser.

Otra mujer gritó que ella había comprado el inmueble en una subasta del alguacil (sheriff).

En ambos casos, nignuno de los compradores fueron informados sobre la ley de 1995 y muchos de los presentes en la sesión del martes se sintieron defraudados por sus inmobiliarias y oficiales del condado.

Ahora se sienten también limitados por la ley en relación a su propiedad ya que no podrán vender sin el sello de aprobación del condado y tampoco podrán instalar el agua y drenaje necesarios para obtener esa aprobación.

“Nosotros tenemos una casa de cuatro recamaras a la orilla del río que ahora no podremos vender ni por un centavo, porque si el condado lo decide, no estaremos en cumplimiento con la ley, ahora estaremos sujetos a su misericordia,” dijo Wickliff.

Terri King residente por muchos años de la Vega tiene preocupaciones similares.

King tiene en su terreno un poste de servicios urbanos (utility pole) que está inclinado, así que instaló uno nuevo y estaba lista para comunicarse a la compañía de electricidad para que cambiara los servicios, pero luego empezó a escuchar que si se desconectaba, corría el riesgo de no tener nuevamente el servicio.

De acuerdo a los oficiales, la ley manifiesta que antes que las compañías de servicios urbanos puedan proporcionar algún servicio, el propietario del inmuble debe tener un certificado de cumplimiento expedido por el condado.

King dice que aunque su propiedad cuenta con agua potable y un sistema séptico, no puede aplicar para un permiso del condado porque no hay forma de demostrar que el tanque séptico existe.

“Cuando yo compré el inmueble el tanque ya estaba allí y no tengo nada que diga que ya estaba allí,” dice King. “Si (el condado) desea pagar para venir a excavar y ver, pude hacerlo, pero esa es la única prueba que yo tengo.”

Luego, están también las personas que usan los inmuebles que poseen en la Vega de forma recreativa, como Brian Goodwin de New Mexico.

Lo único que Goodwin desea es instalar los servicios urbanos necesarios para vehículo recreativos (recreational vehicles) para no tener que cargar siempre con un generador, pero no puede obtener la aprobación del condado.

“No comprendo porqué no puedo hacer eso. Yo no quiero vivir allí, solo quiero venir y pasar un buen tiempo en el río, además el vehículo recreativo es auto-suficiente,” dijo Goodwin muy frustrado y quién vino a Del Rio específicamente para estar presente en la sesión del martes. “Nos gustaría usar más la propiedad, pero no podemos.”

Aunque algunos dijeron que salieron de la sesión del martes con más preguntas que cuando llegaron, otros la encontraron muy informativa y de gran ayuda.

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